POLITICAS MICROECONOMICAS

Description

1.- El ámbito de la microeconomía

El procedimiento más sencillo para ubicarnos rápidamente en el problema, es acudir a lo que dicen los propios microeconomistas sobre cuál es su campo de acción. La introducción y el índice de cualquier texto en la materia servirá para darnos un panorama inmediato.

Así por ejemplo, recordemos como LeRoy Miller y Meiners (1988) concluían su capítulo introductorio, resumiendo que toda sociedad debe al menos realizar tres elecciones básicas: la asignación de recursos, el nivel de producción y el patrón de actividad sobre el tiempo. La microeconomía se centraba, decían los autores, en la primera de ellas. Es decir que la microeconomía se ocupará de comprender la manera en que se asignan los recursos en toda sociedad: hacia donde deben fluir los recursos limitados, cuáles sectores tendrán más mano de obra y materiales y de qué clase, cómo se determinan los precios y cuál es su importancia como portadores de información crítica para el funcionamiento de los mercados, cuáles son los obstáculos y distorsiones que se presentan en esta asignación, las repercusiones sobre el bienestar, el problema de las externalidades, los bienes públicos y las fallas de mercado, etc..

2.- El ámbito de las políticas microeconómicas

2.1. Cuando hablamos de políticas microeconómicas, nos estamos refiriendo a decisiones (políticas públicas, leyes, reglamentaciones, instituciones, etc.), tomadas por las autoridades (presidente, ministros, superintendentes, parlamento, etc.), relacionadas al ámbito microeconómico recién descrito y que son vistas como obligatorias por el resto de la sociedad.

Por lo tanto, al hablar de políticas (sobre el tema que sea), se entremezclan y confunden (mucho más explícitamente que en la actividad estrictamente científica y académica), los aspectos objetivos encaminados a comprender y explicar la realidad, con los aspectos normativos, encaminados a operar sobre la misma, para transformarla radicalmente, modificar algunos de sus aspectos o simplemente, asegurar su mantenimiento. Dicho rápidamente (obviamente el tema requeriría de mucha matización), se empiezan a confundir criterios de verdadero/falso o provisoriamente demostrado empíricamente/no demostrado, con criterios del tipo mejor/peor, bueno/malo o más conveniente/menos conveniente. En esto último, el papel de los principios, posición ideológica, objetivos políticos, intereses económicos, prejuicios, ignorancia, etc, juegan un rol fundamental.

En segundo lugar, cuando hablamos de políticas, como hemos visto ya reiteradamente, no sólo debemos prestar atención a su enunciado o formulación, sino también, entre otras cosas importantes, a la calidad de su diseño, la transparencia del proceso de elaboración, intereses en juego, objetivos en conflicto, calidad de la implementación, calidad de los resultados, consistencia con los objetivos perseguidos, etc..

2.2. Situado así el tema, podemos interpretar adecuadamente lo que A. Galetovic postula como objetivo para las políticas micro (el autor se está refiririendo específicamente al caso de América latina):

• “¿Cuál debería ser, entonces, el objetivo de la política microeconómica? Lo central es eliminar regulaciones, distorsiones y restricciones que impiden que los precios reflejen la escasez relativa de los recursos. Para ello la política debe ser neutral sin favorecer ni a sectores ni a regiones, y los mercados se deben liberalizar. A eso hay que agregarle que los programas de gobierno (gastos e inversiones) debieran estar sujetos a rigurosas evaluaciones sociales de proyectos. Nuevamente, la idea es que los recursos ---esta vez los del estado--- se pongan donde rinden más” (Galetovic, 2004).

Como puede observarse, en el texto se identifican con claridad los dos planos mencionados en los puntos anteriores: el ámbito de aplicación de las políticas, sobre el cual habría poco que discutir y se encuentra en línea con las convenciones encontradas en los textos habituales sobre la materia, y el contenido u orientación de las políticas a aplicar en ese ámbito, los cuales sí pueden ser discutibles, aunque debemos aceptar que cada vez lo son menos.

2.3. En todo caso, conviene recordar que la distinción entre macro, meso y micro, es de tipo analítico y los autores suelen transponer, modificar y/o ignorar sus fronteras, con mucha frecuencia. Muchos autores normalmente hablan sólo de políticas macro y micro (por ejemplo, Silva, s/f, entre tantos otros). Otros, los menos, consideran también la distinción entre meso y micro (Ramos, 1998; UNCTAD, 2003;OIT, 2004). Entre los que sí lo hacen, suele percibirse un achicamiento del ámbito micro en relación a los alcances que nosotros hemos propuesto. En algunos casos, este achicamiento es extremo. Por ejemplo Ramos (1998), reduce prácticamente los problemas micro al nivel de planta. En la medida que se tengan claros los ámbitos de referencia, independientemente de cómo se los denomine, este problema no reviste una importancia mayor.

3.- Ejemplos de políticas e instrumentos microeconómicos

Para ilustrar esta sección, hemos optado por citar en extenso uno de los trabajos de A. Galetovic (1998), que lleva el sugestivo y muy pertinente título de Desatando a Prometeo y en el que analiza las reformas microeconómicas llevadas adelante en Chile durante el gobierno militar. Si no es por otra razón, el ejemplo escogido nos sirve para ver con claridad, en un caso histórico concreto y cercano, los principios que las inspiraron, las grandes líneas de política, los instrumentos utilizados y el impacto, en este caso transformador, que lograron. Para no extendernos demasiado, vamos a concentrarnos solamente en la primera ola de reformas, encabezadas por Sergio de Castro, que el autor engloba bajo el concepto de “liberalización” (1973-1981). La segunda ola de reformas, que no vamos a considerar aquí, fue la liderada por Hernán Buchi, que el autor denomina de “privatización” (1985-1989). Esta separación es muy importante para el autor, no sólo por razones de índole histórica, sino porque el mismo postula que lo grueso del impacto micro estuvo justamente en liberar de restricciones a los mercados y no tanto, como algunos autores destacan, en la política de privatizaciones.

Conviene reiterar q ue el propósito de esta sección es ilustrativo y tiene por objeto mostrar ejemplos de políticas e instrumentos. En particular, la extensa transcripción del artículo de Galetovic, debe tomarse como una opción de conveniencia expositiva (se han omitido las notas, que son muy importantes, y se han tomado algunas libertades en su presentación) y no como una presentación de sus ideas en la materia, las cuales por lo demás son de gran interés. Teniendo en cuenta el propósito perseguido, tampoco se han incluido comentarios críticos que el mismo autor realiza, en especial, respecto de los errores cometidos en el área de la privatización y liberalización financiera. En todo caso, también puede encontrarse una enunciación similar en Galetovic (1997, 2004), en Libertad y Desarollo (2001) y en Paredes (1997), aunque en este último caso, con un foco especial en el tema de la política regulatoria y las políticas de competencia.

3.1. Situación anterior: “....Tarifas altas, tipos de cambio múltiples y restricciones cuantitativas caracterizaban el comercio internacional; más de 3 mil precios se fijaban por vía administrativa, y el Estado controlaba más de quinientas empresas y casi toda la banca. La intervención estatal no sólo era generalizada, sino también discrecional, pues casi todas las actividades económicas estaban reguladas por incontables normas especiales que restringían la entrada y la competencia, regulaban su ejercicio y buscaban favorecer a algún grupo o personal (sic)...”

3.2. Principios orientadores o premisas que guiaron las reformas: 1º) “... en la mayoría de los casos el sector privado asigna eficientemente los recursos si se deja funcionar libremente a los mercados” y 2º) “...por regla general el Estado debe limitarse a definir derechos de propiedad, fijar reglas impersonales que no discriminen entre personas y sectores y hacer sólo aquello que el sector privado no pueda hacer (principio de subsidiariedad)...”.

3.3. Políticas adoptadas y algunos instrumentos utilizados:

• Liberación de precios En Octubre del 73, se liberaron más de 3000 precios, se mantuvieron controlados unos 30 que fueron prontamente también liberados, a excepción de los precios de algunos servicios públicos. Posteriormente, en 1980, se promulgó una ley que prohibía fijar precios a no ser por una ley expresa previo informe favorable de la Comisión Antimonopolios.
• Políticas de competencia. Se eliminaron numerosas regulaciones que restringían y regulaban la entrada y el ejercicio de un sinnúmero de actividades. Destaca la liberalización del mercado del transporte terrestre y aéreo (aunque este último sigue regulado por una serie de absurdos tratados bilaterales y todavía está prohibido que empresas extranjeras hagan cabotaje interno), y la del mercado de los combustibles. Junto con la liberalización de precios, en diciembre de 1973 se dictó la Ley Antimonopolios, la que creó la Fiscalía Nacional Económica y las Comisiones Preventiva y Resolutiva Antimonopolios.
• Liberalización comercial. La liberalización comercial es tal vez la principal política de competencia adoptada. A comienzos de 1974 se eliminaron cuotas y aprobaciones oficiales requeridas para importar bienes, y en 1976 se habían desechado casi todas las barreras no arancelarias, entre ellas las prohibiciones expresas de importación y los depósitos previos de 10 mil por ciento. En 1976 se abandonó el Pacto Andino, lo que permitió emprender una política arancelaria independiente. De esta forma, las tarifas se redujeron desde un nivel promedio de 100 por ciento con alta dispersión en 1974 a un 10 por ciento parejo en junio de 1979 (con la sola excepción de los automóviles).
• Privatización y reforma de empresas en manos del estado. Se devolvieron a sus dueños las 259 empresas requisadas entre 1970 y 1973, y se privatizó la mayoría de las estatizadas durante el gobierno de la Unidad Popular. El Estado mantuvo en su poder casi todas las grandes empresas públicas creadas antes de 1970, y algunas que había estatizado el gobierno de Allende. Éstas fueron racionalizadas: se liberaron sus precios o, cuando se trataba de monopolios, se fijaron de modo que se autofinanciaran. En el sector eléctrico se introdujo la tarificación a costo marginal.

• Liberalización financiera La mayoría de los bancos estatizados durante el gobierno de la Unidad Popular fueron rápidamente privatizados. Desde fines de 1975 ya no se fijaron las tasas de interés bancarias. Los controles cuantitativos al crédito se eliminaron a fines de 1976 y se reemplazaron por encajes, los que gradualmente fueron unificados y reducidos. Casi todos los activos financieros se indizaron a la variación del índice de Precios al Consumidor. En 1981 se promulgaron la Ley del Mercado de Valores que norma la emisión de valores de oferta pública, los mercados en que se transan y los intermediarios que participan y la Ley de Sociedades Anónimas, que se refiere a las sociedades que emiten instrumentos de oferta pública.
• Reforma tributaria. Se reformó el sistema tributario con el objetivo de hacerlo neutral. El impuesto a la Renta se uniformó y se integraron los impuestos personales y a su fuente (salarios, dividendos, utilidades); con ello se eliminaron casi todas las exenciones, en particular las que eximían a las empresas públicas del pago del Impuesto a la Renta, a las ventas y al comercio internacional. Los impuestos a ventas y servicios fueron reemplazados en 1975 por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de tasa pareja de 20 por ciento (con algunas excepciones). Se mejoró la capacidad de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, y se introdujeron la corrección monetaria de los balances y, para independizar la carga tributaria de la inflación, la indización de los impuestos.
• Reforma previsional. A partir de 1974 se fueron uniformando la edad de retiro y los beneficios. En 1981 se sustituyó el régimen de reparto administrado por el Estado por uno de capitalización individual administrado por empresas privadas: afiliarse a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) se hizo obligatorio para quienes ingresan a la fuerza laboral por primera vez, pero era una decisión voluntaria para quienes ya estaban en el sistema de reparto en 1981. Se crearon las Instituciones de Salud Previsional privadas (Isapres).
• Reforma laboral. Se eliminó la obligación de afiliarse a entidades gremiales únicas para ejercer oficios y profesiones liberales, y se le retiró a estas asociaciones el derecho de fijar los honorarios de su oficio o profesión. En 1978 se eliminó la Ley de inamovilidad, permitiéndose el despido sin expresión de causa y limitándose los pagos por desahucio. Por último, el Plan Laboral de 1979 prohibió la negociación colectiva por área, limitó la duración de las huelgas a sesenta días al cabo de los cuales caducaban los contratos de trabajo, permitió a las empresas contratar reemplazantes durante una huelga y transformó en voluntaria la afiliación a un sindicato.

Junto con las reformas descritas, las que afectaron directamente a la mayoría de los mercados se introdujeron algunos cambios legales que dificultan la acción discrecional del estado y fortalecen el derecho de propiedad.

• Limitación de la acción económica del Estado. Se eliminaron las franquicias tributarias que favorecían a las empresas públicas y, en general, se adoptó el principio de que una empresa del Estado debe autofinanciarse y someterse a las mismas normas que una empresa privada del mismo sector. Por consiguiente, se separó el papel regulador del Estado de la producción de bienes. La Constitución de 1980 establece que el Estado puede emprender actividades económicas sólo si es autorizado por una Ley de Quórum calificado. También se le prohibe al Estado discriminar arbitrariamente al otorgar beneficios a sectores, actividades o áreas geográficas determinadas.
• Fortalecimiento del Derecho de Propiedad. El artículo 19, Nº 21 de la Constitución de 1980, establece que la libertad económica de los privados es la regla general. Si bien el Estado mantuvo el poder de limitar los derechos económicos de los particulares, se limitó su ejercicio. Por ejemplo, sólo se puede regular una actividad por ley, no por decreto administrativo; para expropiar, el Estado debe hacerlo mediante una ley y debe indemnizar a precios de mercado y en efectivo. Y, en cualquier caso, las leyes que limiten el derecho de propiedad no pueden afectarlo en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio (artículo 19, Nº 26).
• Introducción del “recurso de protección”: En 1976 se introdujo el " recurso de protección", que permite que particulares soliciten una revisión judicial inmediata cuando ciertos derechos son violados por organismos estatales o por particulares. Los recursos van directamente a las cortes de apelaciones regionales las que tienen amplia autoridad para ordenar cualquier medida que consideren necesaria para restablecer el imperio de la ley.

4.- Importancia y actualidad de las políticas microeconómicas en el debate público

4.1. El tema de la micro, en general, es un tema políticamente complicado, porque sea como políticas activas (sea destrabar regulaciones y obstáculos en el mercado, o crearlos) o como políticas pasivas o de omisión (mantener las cosas como están, sea que el mercado funcione o que sigan las distorsiones), siempre significa afectar intereses concretos. Políticamente es difícil mantener una política sistemática pro mercado, especialmente cuando no existe una tradición e historia anterior en esta materia y los hábitos de comportamiento y la cultura de los actores económicos, están adaptados a funcionar en una maraña de subsidios, regímenes promocionales, estímulos sectoriales, aranceles de protección, exenciones tributarias, barreras de entrada, etc.

En términos generales, el impacto de corto plazo de una política liberalizadora, por ejemplo, conlleva siempre un alto costo social en materia de pérdida de privilegios, cierre de plantas, desempleo, transferencia relativa de riqueza entre grupos y sectores. Comunidades enteras pueden perder su fuente de trabajo. Además, los intereses que se ven afectados, normalmente apelan a defenderlos en términos de mucha sensibilidad: apoyar al productor nacional, defender la fuente de trabajo de cientos de familias, tradiciones productivas mantenidas por generaciones, capitalismo salvaje, mercado cruel, explotación extranjera, etc...Una política en defensa de la dignidad del trabajador, de su estabilidad laboral, de sus condiciones de trabajo, de salario mínimo alto en términos reales (quién puede no estar de acuerdo con todo esto!) puede ser estupenda para los trabajadores calificados, con empleo y con cierta antigüedad en el trabajo, pero puede ser sumamente perjudicial para aquellos que están fuera del mercado laboral y a punto de ingresar. Y así sucesivamente. Los ejemplos en uno y otro sentido, se podrían multiplicar al infinito.

Por lo tanto hay aquí un interesante campo de discusión y debate: el tratamiento del problema en situaciones pre mercado o post mercado, entendiendo por esto contextos en los cuales puede afirmarse que existe una economía de mercado establecida (con las limitaciones que pueda tener) o situaciones en lo que esto todavía no ha acaecido; el tema de la gradualidad/intensidad en las políticas micro en uno y otro contexto; las condiciones políticas e institucionales requeridas en uno y otro caso en cada uno de los contextos mencionados; pueden ser posibles reformas micro radicales en un contexto democrático?, etc...

4.2 Pudiera ser una impresión errónea de nuestra parte, pero pareciera que las políticas micro tienden a estar subrepresentadas en la discusión económica general y más aún a nivel de opinión pública, en esta región del mundo en que vivimos. La tasa de crecimiento, el nivel general de empleo, los índices de inflación, el déficit fiscal, las cifras de comercio exterior, la deuda externa, etc, se roban la pantalla. Así por ejemplo, al referirse a una segunda ola de reformas para un desarrollo productivo y proponer políticas a nivel micro, Ramos (1998) comienza diciendo: “Aún cuando la función de la política microeconómica sea sin duda subsidiaria....”. La cita resulta funcional a nuestro propósito y por eso la incluimos (tomando en cuenta la definición estrecha de micro que el autor hace y que ya mencionamos en 2.3., seguramente no estemos haciendo justicia con su posición en esta materia).

Una explicación a este supuesto papel secundario ocupado por las políticas micro, podría estar en algunas creencias discutibles, que pueden inducir a errores (En esta sección, reproducimos, con alguna libertad, la argumentación de Galetovic, 2004).

La primera de estas creencias, mantiene que la eliminación de una o varias distorsiones estáticas (subsidio, arancel, impuesto sectorial, etc..), aumenta el nivel productivo por una única vez y por lo tanto, su efecto es transitorio y poco relevante, en comparación con las políticas que aumentan la tasa de crecimiento de largo plazo, que son las verdaderamente importantes. Por lo demás, una vez que las medidas fueron tomadas y el salto por única vez producido, su repetición o perfeccionamiento en el margen (Rodríguez, 2002) no conlleva a mejoras mayores, por un problema de rendimientos decrecientes.

La segunda creencia que menciona Galetovic, es aquella que sostiene que las políticas importantes son aquellas que aumentan la productividad total de los factores, mientras se consideran como transitorias y poco relevantes aquellas que ayudan a acumular capital. Precisamente, un efecto manifiesto de una liberalización de los mercados, es la acumulación de capital en nuevos sectores, una vez eliminadas distorsiones de precios relativos.

La tercera creencia dice así: “Las reformas se diseñan en t = 0. Luego se administran y cosechan los frutos”, es decir, hecha la ley o la reglamentación, esperemos los resultados. Recordemos todo lo visto sobre implementación de políticas, problemas de agencia, captura regulatoria, etc.

Finalmente, la cuarta creencia mantiene que la primera generación de reformas consiste en privatizar, la segunda es regular. El confundir reformas de mercado con privatización, es un grave error conceptual. Incluso los autores del “public choice”, que tanto han insistido en desmitificar el estado y en alertar sobre “fallas de estado”, señalan que las burocracias estatales no son más ineficientes que las privadas por ser estatales, sino por no tener competencia. Incluso muestran evidencia empírica, de que cuando esta existe, una empresa estatal puede ser tan eficiente como una privada. Es decir, poner el acento en la privatización, es perder el foco del problema y perder claridad en la política.

4.3. A guisa de conclusión, intentaremos señalar la importancia de las políticas microeconómicas en el debate actual en nuestro país. Para ello, permítasenos esquematizar brevemente las líneas principales de este último. En la medida que se trata de una visión esquemática, y que por lo demás no hace al propósito central de esta presentación, resulta claro que no puede hacerse justicia a las sutilezas y matices de las distintas posiciones, pero servirá igualmente para ubicar la discusión.

Los párrafos que siguen a continuación, parecieran contradecir lo analizado en los dos puntos anteriores. Sin embargo, entendemos que la contradicción es sólo aparente. Recordemos que nuestro país ya experimentó una profunda reforma micro y sabe lo que involucra, tanto en costos de corto plazo como en beneficios en el largo plazo. Ya se probó que el fruto daba buen jugo, en consecuencia es más fácil argumentar que conviene seguir exprimiéndolo...

Existe un consenso bastante generalizado en cuanto al reconocimiento de que las reformas estructurales (en lo micro y en lo macro), realizadas por el gobierno militar, tuvieron un impacto profundo, novedoso e irreversible en la sociedad chilena. Esto es reconocido por tirios y troyanos (con distinto entusiasmo, obviamente, según se sea tirio o troyano...). Indudablemente se produjo un salto cualitativo histórico de inocultable y dramática importancia.

Para algunos, el grueso del impacto se habría producido muy tempranamente: “...Se puede afirmar sin más que en 1981 Chile era una economía de mercado.....Prometeo ya estaba libre en 1981....” (Galetovic, 1998). Para otros, el ciclo fue más largo y el modelo fue consolidado y perfeccionado posteriormente. En su último libro sobre el proceso reciente de modernización vivido por nuestro país, un hombre proveniente de las entrañas de la Concertación, Eugenio Tironi, sostiene: “La primera ruptura fue la que se introdujo en la segunda mitad de los años setenta, pero que recién vino a madurar a mediados de los ochenta. Se trata del quiebre con el orden económico burocrático; un sistema articulado en torno al Estado, con grupos corporativos poderosos y altamente politizados orientados a ejercer presión sobre el fisco, y un mercado reciamente regulado y férreamente protegido de la competencia externa. El gran protagonista de esta ruptura fue Augusto Pinochet, con métodos que llevaron a la supresión de las libertades básicas y la violación masiva de los derechos humanos. Pinochet fue quien introdujo un modelo económico basado en mercados libres, en la apertura comercial, en el rol subsidiario del Estado, y en el papel central de la empresa privada incluso en campos que parecían prohibidos como la previsión, salud, educación, telecomunicaciones y energía, entre otros…..Este modelo ha experimentado profundas mutaciones en el transcurso de los últimos 20 años; pero sus coordenadas básicas se han mantenido desde su instauración hasta ahora” (Tironi, 2005).

4.4. También existe un consenso generalizado respecto de que los gobiernos de la Concertación consolidaron definitivamente las políticas macro, tanto en sus aspectos institucionales como de políticas e instrumentos concretos, llevándola incluso a niveles de cierto virtuosismo, como en el caso de la regla sobre superávit estructural. Hubo en este plano, esta vez en democracia, la misma firmeza y convicción para mantener los equilibrios macro, la solidez de las cuentas externas, el combate a la inflación, el equilibrio fiscal, etc.. Hubo en esta materia una opción clara (en el sentido que usa el término Marcel, 2000), cuyo éxito es reconocido también por tirios y troyanos.

4.5. En el tema micro, en cambio, las opiniones empiezan a dispersarse un poco, aunque debe reconocerse que no se trata fundamentalmente, aunque la diferencia importe y mucho, de pertenecer al bando de los tirios o de los troyanos.

Galetovic advierte por ejemplo, en su artículo publicado hacia el final del gobierno del presidente Frei (h), que se han comenzado a olvidar dos “lecciones” importantes que el país debió retener de las reformas del período militar. La primera es que “...el dinamismo que muestra la economía chilena se debe en gran medida a que en ella los mercados son libres – sin restricciones a la entrada y a la competencia -, las reglas son uniformes y las presiones de los grupos de interés no determinan la política económica. Desde hace un tiempo se ha ido haciendo más y más frecuente sostener que las reformas se han estancado porque no se ha continuado (y terminado) con la privatización de empresas y servicios públicos. Este diagnóstico es errado. Es cierto que las reformas se han estancado; sin embargo, lo preocupante para las perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo del país no es tanto que Codelco o Enap sigan en manos del Estado, sino que el impulso liberalizador se haya perdido...”

La segunda lección tiene que ver con el tema de claridad y firmeza de las opciones a tomar que mencionábamos en 4.2. : “...Tanto Sergio de Castro como Hernán Büchi tenían meridianamente claro hacia adónde querían llegar y qué políticas eran necesarias para lograrlo. La claridad de propósito es uno de los aspectos más notables de quienes condujeron las reformas y una de las carencias más notorias de quienes hoy conducen la política económica. Es imposible explicar el éxito de las reformas sin esta característica de la conducción económica e improbable que hoy se haga lo que hay que hacer si no se tienen objetivos claros...” (Galetovic, 1998). (Recuérdese que el autor está hablando específicamente de políticas micro).

Un autor que habitualmente , por personalidad, tradición académica y sobre todo por sus actuales funciones, acompaña sus manifestaciones de gran ecuanimidad, señala con sorprendente claridad que han existido notables avances en el manejo macro, pero “...No se puede decir lo mismo de las políticas sectoriales y microeconómicas, en los que ha habido importantes retrocesos o falta de avance...” (Corbo, 2005).

En general, reconociendo que ha habido pasos importantes en la dirección correcta, como, entre muchos otros, la implementación del sistema multicarrier de larga distancia, que permitió introducir competencia en un sector caracterizado por monopolios naturales (Domper,2003), o la perfomance de la institucionalidad antimonopolios (Paredes, 1997), existe un consenso generalizado respecto de que las políticas micro son la pata coja de la mesa. Y este consenso, va desde Michael Porter en su reciente visita a Chile hasta los programas económicos conocidos de todos los candidatos para la próxima presidencial (El Mercurio, 2005), pasando por el amplio consenso generado en las 28 comisiones técnicas que dieron origen al documento sobre la Agenda pro crecimiento (Documento oficial, 2002).

Los matices respecto de este consenso general, están dados porque algunos hablarán de que hace falta un mayor énfasis, otros dirán que se advierte cierta falta de dinamismo, otros que hace falta una nueva ola de reformas y otros más críticos, dirán que lo que se ha hecho en la materia (reforma tributaria y laboral, modificaciones previstas al Código de Aguas, royalty minero, etc.), está mal y explica en gran parte la ralentización del crecimiento chileno y lo hace mucho más difícil (Silva, s/f), en un contexto internacional excepcionalmente auspicioso, pero todos coinciden en que de un tiempo a esta parte, lo que realmente queda por hacer está en el área micro. Consecuentemente con esto, todos también dan sus recomendaciones al respecto. Algunos ejemplos de esto último, pueden encontrarse en:

• Domper (2003): libre competencia en los mercados eliminando un cúmulo de regulaciones aún existentes, el tema medioambiental y el sistema de bonos de descontaminación, los mercados de recursos naturales (minería, pesca y aguas) y sectores regulados como el de energía, transporte y servicios sanitarios. En la misma línea, también Libertad y Desarrollo (2001).
• Rodríguez (2002): aumento de eficiencia y eficacia del estado, mejoramiento de la regulación de sectores claves como las telecomunicaciones, energía y pesca, profundización del sector financiero y estimulación de las actividades de innovación. En resumen, lo que el autor denomina “reformas microeconómicas de segunda generación”.
• Galetovic (2004): “ ... en el ámbito microeconómico el desafío es lograr instituciones públicas fuertes e independientes del estado, los grupos de interés y los partidos políticos que vigilen y disminuyan el poder discrecional del Estado, castiguen conductas anticompetitivas, eliminen regulaciones inútiles y regulen adecuadamente los precios y la calidad de lo producido por industrias con características de monopolio natural. La tarea es difícil porque, para lograr instituciones con esas características y objetivos, tendríamos que ser capaces de idear mecanismos que garanticen que la lista de elegibles para dirigirlas esté compuesta principalmente por los más capaces y no sólo por los favoritos de los partidos políticos y del ejecutivo – algo que, como sugiere la experiencia del Banco Central, estamos aún muy lejos de lograr. Las comisiones antimonopolios activas y los reguladores fuertes tal vez nunca formaron parte de la idea de liberalización de quienes hicieron la primera ronda de reformas, tal vez por su escepticismo radical en que tales instituciones serían capaces de resolver el problema de la captura por el poder político. Pero, con ese énfasis algo distinto, lo que se necesita hoy es una vuelta al ímpetu liberalizador de la primera ronda de reformas".
• Corbo (2005): mejorar marcos regulatorios en sectores donde la inversión está detenida; desregular el mercado laboral para facilitar el ajuste de las empresas a un entorno cada vez más incierto y aumentar las oportunidades de acceder a un empleo a los grupos más vulnerables (los desempleados, especialmente las mujeres y los jóvenes con bajos niveles de educación y con poca experiencia laboral); reducir la incertidumbre tributaria; modernizar y racionalizar la administración pública; seguir avanzando en mejorar la infraestructura;
  fomentar la inversión en investigación y desarrollo; mejorar la gestión, la cobertura y la calidad de la educación y salud públicas; profundizar el mercado de capitales para facilitar el ajuste, el desarrollo de empresas y la creación de una plataforma financiera regional. A esto denomina Corbo “una agenda pro crecimiento ampliada”, que está constituida por medidas micro y sectoriales.
• Agenda pro crecimiento Documento oficial, 2002).

También podemos encontrar recomendaciones micro para ámbitos más específicos en Paredes (1997) referidas a la institucionalidad antimonopolios y en Bitrán (2002), en relación al tema de la innovación y el sistema innovativo nacional, sólo para citar dos ejemplos concretos.

Bibliografía

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Corbo, Vittorio; Las verdades sobre el crecimiento económico; El Mercurio, Economía y Negocios, Edición del 17-9-2002.

Documento oficial de la Agenda Pro crecimiento,31-01-2002.

Domper, María de la Luz (ed.); Políticas para una revolución microeconómica, Libertad y Desarrollo, 2003.

El Mercurio; Por donde van los programas económicos de los candidatos; Entrevistas a Felipe Morandé, José Ramón Valente y Jorge Marshall, Economía y Negocios, Edición del 21-6-2005.

Galetovic, Alexander; Reformas microeconómicas en Chile 1973-1989: síntesis y evaluación; Serie Economía Nº 14, Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile, Enero 1997.

Galetovic, Alexander; Desatando a Prometeo: reformas microeconómicas en Chile 1973-1989; Perspectivas, Vol.2, Nº 1, Noviembre 1998, Universidad de Chile.

Galetovic, Alexander; Reformas microeconómicas para “crecer” más rápido; Coloquio Lainoamericano CEGY, New Haven, Noviembre 2004.

LeRoy Miller, Roger / Meiners, Roger E.; Microeconomía; Tercera edición, McGraw Hill, 1988.

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Paredes, Ricardo; Políticas de competencia en países sin tradición de mercado: el caso de Chile; Perspectivas, Vol.1, Nº 1, Noviembre 1997, Universidad de Chile.

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Rodríguez G. Jorge; Crecimiento económico en Chile: pasado, presente y futuro, Economía Chilena, Vol. 5, Nº 1, Abril 2002.

Silva, Ricardo; Políticas Microeconómicas, bajo Crecimiento y alto Desempleo, Libertad y Desarrollo, www.lyd.com/bibliotca/revistas/politicas_microeconomicas.html

Tironi, Eugenio; El sueño chileno. Comunidad, familia y nación en el Bicentenario, Taurus, Santiago: 2005.

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Carlos Cáceres Valdebenito